En un contexto de criminalización del aborto en Venezuela, las venezolanas migrantes han abortado en Colombia donde han sido auxiliadas por las acompañantes y prestadoras de servicios de información de salud sexual y reproductiva.
A Teresa se le hace cada vez más difícil mantener a su hija de seis años. Con una relación de pareja rota, decide migrar a Colombia y en febrero de ese año llega a Cúcuta. Después de cruzar la frontera se entera que estaba embarazada con siete semanas de gestación.
Su propósito era seguir hacia las montañas antioqueñas para encontrarse con su familia, pero todo cambió al estar embarazada. En medio de la pandemia, es recluida en un albergue para migrantes.
Teresa ya contaba con 35 años en ese entonces había dejado atrás un trabajo de gestión cultural y se rebuscaba como vendedora de ropa. Ella ya no quería regresar a Venezuela, y mucho menos a sabiendas que la interrupción voluntaria del embarazo está calificada como delito. Así que decide pedir el apoyo de “una acompañante”. En las redes de cuidados feministas “una acompañante” es una mujer especializada en prestar servicios de información y defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“En un contexto como el que estaba viviendo Teresa, no la tuvo fácil. Ella desconocía que el aborto es legal en Colombia y que podía acceder a uno. Tampoco estaba segura de la decisión de interrumpir su embarazo. Cargaba a cuestas la estigmatización y la culpa” recuerda esta acompañante, cuya identidad, como la de todas las que contribuyeron con este trabajo periodístico, se mantiene en reserva por razones de seguridad.
En el albergue donde fue recluida por las medidas sanitarias contra la CoVID-19, Teresa arribó a las 8 semanas de embarazo. Todavía estaba a tiempo de aplicarse los protocolos de un aborto seguro con pastilla, aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo sus dudas se fueron despejando con el acompañamiento que recibió:
“Ella, no sabía que Colombia cuenta con protocolos de atención integral para la aplicación de un aborto seguro con pastillas”, prosigue la acompañante.
Teresa recurrió a varios grupos de asistencia de salud y derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Mientras tanto en Venezuela su acompañante la respaldó y entre ambas fueron trazando una ruta segura.
Buscaron información en la línea y red feminista de acompañamiento en abortos “Las Parceras”, Profamilia, la Fundación Oriéntame, la Fundación Unimédicos, la Fundación Sí Mujer y Médicos sin Fronteras.
“Ella hizo varias llamadas pero teníamos dudas de saber si la red podría asistirla por ser migrante y estar en un refugio”, acota la prestadora de salud.
Las Parceras fueron las primeras en atender el llamado de auxilio de Teresa…
“Cuando me volvió a llamar, me dijo que Las Parceras la iban apoyar y que le habían dado la atención necesaria para implementar los protocolos”, completa la acompañante de la migrante venezolana.
Las Parceras le hicieron llegar a Teresa las pastillas para interrumpir su embarazo y la ubicaron en un sitio donde podría llevar a cabo el procedimiento con tranquilidad y seguridad. Le suministraron información detallada sobre los protocolos jurídicos y centros de salud a los que podría acudir en caso de alguna eventualidad e, incluso, para obtener apoyo psicoemocional.
Cuando amainó la pandemia, Teresa prosiguió el rumbo hacia Antioquia que había suspendido por la decisión de interrumpir su embarazo. En Antioquia se estableció un año y a comienzos del 2022 se fue Santa Marta donde consiguió trabajo y con mayor holgura que en Venezuela, mantiene a su hija.
EL EFECTO VANESSA ROSALES
El 12 de octubre de 2020 la profesora venezolana y activista por los derechos sexuales y reproductivos Vanessa Rosales fue detenida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC), que allanaron su residencia sin una orden judicial.
Le imputaron el delito de aborto provocado, establecido en el artículo 433 del Código Penal, el cual está penalizado con carcel entre tres y seis años, y la recluyeron en el Centro Penitenciario del Estado Mérida, por brindar información y medicamentos para interrumpir voluntariamente el embarazo a una chica de 13 años de edad, que había quedado embarazada producto de una violación y cuya vida se encontraba en grave riesgo por desnutrición. Además, le imputaron los delitos de agavillamiento y asociación para delinquir.
El caso de Vanessa Rosales replanteó el debate sobre el aborto en Venezuela. Sin embargo, en el país persiste la criminalización que empeora la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres que deciden voluntariamente interrumpir su embarazo, en el ejercicio de un derecho reconocido, respetado y protegido en otras naciones del mundo y de América Latina y el Caribe.
El contexto hostil en Venezuela parte de la violación al derecho a la libre información y atención por un aborto seguro. “Nos ha costado que las prestadoras de servicio de información no deserten, luego del encarcelamiento de Vanessa Rosales, pues tienen miedo”, señala una activista que solicitó mantener su identidad en reserva.
La criminalización del aborto en Venezuela, se refuerza por la difusión de informaciones de autoridades, como el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico.
Por otra parte, la mifepristona y el misoprostol también son ilegales en el país, a pesar de que están avalados por la Organización Mundial para la Salud como tratamientos seguros para interrumpir un embarazo. Sin embargo, en Venezuela estas restricciones favorecen la especulación, el contrabando, la clandestinidad y el engaño. No es difícil colocar en el buscador de Marketplace, un sitio de ventas online, y escribir “pastilla del freno” para tener a la vista una variedad de ofertas de ambos fármacos.
“Una vez llego una mujer solicitando información porque le habían vendido una pastilla abortiva y resultó siendo un ibuprofeno”, explica otra prestadora de información por el aborto seguro.
¿Qué hace el Estado venezolano más allá de criminalizar el aborto? ¿Cuál es el alcance de las políticas en materia de salud sexual y reproductiva? Entre la escasez de anticonceptivos y debilidades de los programas de planificación familiar, en un contexto de deterioro generalizado y creciente del sistema público de salud, se hace palpable que el déficit pesa más sobre las venezolanas más deprimidas socioeconómicamente.
La introducción del proyectos de ley sobre Derechos Sexuales y Reproductivos y la propuesta de nuevas reformas a la ley de salud son acciones impulsadas para contrarestar esta situación, sin embargo se le anexa los retardos y la poca aceptación de los debates en materia legislativa sobre el aborto libre y seguro en el país.
COLOMBIA, UNA OPCIÓN
El aborto está en la ruta de las venezolanas migrantes
“Las mujeres piden información con atención en servicios sexuales y reproductivos y debido a la cantidad de etapas de gestación de un embarazo no deseado, se les remite a Colombia para ser atendidas debido a las pocas posibilidad que hay en Venezuela, para el acceso a medicamentos, tratamientos de salud y la criminalización”, indica una promotora de servicios de información en derechos sexuales y reproductivos.
“Por lo general se le sugiere a las mujeres que están más cercana a la zona fronteriza que soliciten el acceso a un aborto en Colombia para que luego puedan regresar. “Es importante decir que la organización Orientáme ha sido muy solidaria y receptiva con las mujeres venezolanas migrantes que hemos remitido”, agrega la activista.
Los informes de Profamilia Colombia indican que entre 2017 y 2018 por cada cuatro abortos realizados a mujeres extranjeras, tres corresponden a venezolanas. Por otra parte, en 2019 el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, registró 629 mujeres procedentes de Venezuela con diagnósticos relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo.
Tras la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, emitida el 21 de febrero de 2022, que despenaliza el aborto hasta la semana 24 de gestación, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) están en el deber de atender la solicitud de interrumpir un embarazo no deseado. El fallo de la máxima instancia judicial colombiana refuerza la idea de que Colombia es una opción para las venezolanas que requieren un aborto seguro.
Producción realizada en el marco de la Sala de Formación y Redacción Puentes de Comunicación III, la Escuela Cocuyo y El Faro. Proyecto apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.
